A continuación, reproducimos un editorial que refleja la opinión del Gobierno de Estados Unidos, y que fue publicado originalmente con el título The Maduro Regime Continues to Violate Human Rights.
La situación de los derechos humanos en Venezuela empeoró significativamente durante el último año, según el Informe de Derechos Humanos 2024 del Departamento de Estado, publicado recientemente.
En particular, tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, Nicolás Maduro y sus representantes cometieron graves abusos contra los derechos humanos, marcando un nuevo hito en la degradación del Estado de derecho, según la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela.
Entre los abusos significativos contra los derechos humanos se incluyen denuncias fidedignas de ejecuciones arbitrarias o ilícitas; desapariciones; tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; arrestos o detenciones arbitrarias; represión transnacional contra personas en otro país; reclutamiento o utilización ilegal de niños por grupos apoyados por Maduro en conflictos armados; graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa; y trata de personas, incluido el trabajo forzoso, entre otros.
No se tomaron medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos.
La ley garantiza la libertad de expresión, pero esta se vio significativamente restringida debido a las leyes que regulan la difamación, la calumnia y el contenido mediático; el acoso legal, la intimidación física de personas y medios de comunicación; y la influencia indebida de Maduro sobre el poder judicial.
Líderes nacionales y estatales pro-Maduro, así como otras figuras, acosaron e intimidaron a canales de televisión, medios de comunicación y periodistas, tanto privados como de la oposición democrática, mediante amenazas, confiscaciones de bienes, investigaciones administrativas y penales, y procesos judiciales.
La organización no gubernamental Espacio Público registró 98 casos de abusos a la libertad de expresión en los meses previos a las elecciones presidenciales de julio de 2024, la mayor cantidad registrada desde que comenzó a recopilar datos en 2009.
La prisión preventiva prolongada sigue siendo un problema importante en Venezuela. Debido al hacinamiento en las cárceles, muchas comisarías de policía se utilizaron como celdas improvisadas. Las largas demoras en los procedimientos judiciales y los traslados penitenciarios provocaron que algunos presos permanecieran recluidos en estas instalaciones durante años.
Hubo informes creíbles de que las fuerzas de seguridad afines a Maduro torturaban y maltrataban regularmente a los detenidos. En las cárceles, las mujeres eran objeto de violencia sexual, abusos y tortura, y con frecuencia eran obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de comida o agua.
Durante más de una década, Maduro ha liderado el Cártel de los Soles, responsable del tráfico de drogas a Estados Unidos. El 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. designó al Cártel de los Soles como un grupo Terrorista Global Especialmente Designado. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro.
“El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel narcotráfico”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una reciente sesión informativa. “Maduro no es un presidente legítimo; es un fugitivo de este cártel de la droga”.